LA LEY Nº 20.205
A CASI UN AÑO DE SU ENTRADA EN VIGENCIA
"PROTEGE AL FUNCIONARIO QUE DENUNCIA IRREGULARIDADES Y FALTAS AL PRINCIPIO DE PROBIDAD"
En el Diario Oficial del 24 de julio de 2007, fue publicada la Ley Nº 20.205, que "Protege al funcionario que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad".
La Ley modificó el Estatuto Administrativo, en las siguientes materias:
1.) Reforzó la obligación de todo funcionario (incluidos los jefes superiores de servicios y Directores de Servicio) de denunciar con la debida prontitud, los delitos de que tengan conocimiento y los hechos de carácter irregular, especialmente de aquéllos que contravienen el principio de probidad administrativa regulado por la ley Nº 18.575.
2.) Para brindar total protección al funcionario, estableció varios derechos en beneficio del funcionario que realiza la denuncia:
a) No podrán ser objeto de las medidas disciplinarias.
b) No ser trasladados de localidad o de la función que desempeñaren, sin su autorización por escrito.
c) No ser objeto de precalificación anual, salvo que expresamente la solicitare el denunciante. Si no lo hiciere, regirá su última calificación para todos los efectos legales.
La norma fue promovida y promulgada por la Presidenta de la República, en el contexto de la política de transparencia y publicidad de los actos de la administración del Estado, ello a partir de la reforma Constitucional de la Ley Nº 20.050 (Diario Oficial 26.08.2005), que consagró dichos principios a nivel constitucional.
Esta ley tuvo por objeto transparentar la función pública y proteger a los funcionarios de los abusos que pudieren cometer las autoridades o superiores jerárquicos en ejercicio de sus funciones y, como es evidente, presente una utilidad práctica innegable.
A días de publicada, la Contraloría General de la República comenzó a recibir varias denuncias de funcionarios en busca de amparo, lo que reveló la necesidad de una norma de esta naturaleza.
A continuación, citamos uno de los casos emblemáticos en materia de denuncias a la probidad, donde se observó una pésima señal de parte de la institución denunciada, que trasladó al funcionario a otro puesto, luego de presentada la denuncia, lo que fue objeto de reproche del órgano Contralor.
Por orden de la Contraloría se decreta protección de testigo que denunció anomalías en Hospital Salvador
Hernán Soto Medina denunció en enero de este año ante la Ministra de Salud, irregularidades que podrían revestir caracteres de delito en el centro asistencial. Sin embargo, las autoridades del lugar resolvieron trasladarlo a otro puesto.
03 julio 2008
La Contraloría decretó la protección de un testigo que en enero de este año denunció ante la Ministra de Salud, anomalías que podrían revestir caracteres de delito en el Hospital Salvador.
De acuerdo al dictamen Nº 29.288 del 25 de junio de 2008, Hernán Soto Medina, hizo entrega de una serie de antecedentes respecto a irregularidades que involucran a ciertos funcionarios del centro asistencial.
Sin embargo, en abril de este año y mientras se desarrolla el sumario interno, la dirección del hospital resolvió trasladarlo desde la Unidad de Servicios Generales a la de Mantención y Talleres.
Algunas fuentes allegadas al caso explicaron que se trató de una medida de amedrentamiento en contra del denunciante. Otras cercanas a la dirección del servicio de salud explicaron, sin embargo que fue "por buen servicio", aunque declinaron pronunciarse respecto al dictamen de Contraloría, aduciendo que desconocían su contenido.
El organismo fiscalizador, en conocimiento de la situación a través de un escrito presentado por el propio Soto Medina, resolvió obligar a la autoridad hospitalaria a dejar sin efecto el decreto de cambio de lugar de trabajo.
En el dictamen la entidad de control le recordó que la ley Nº 18.834 protege a las personas que denuncian hechos de corrupción, uno de los pilares que el gobierno ha querido destacar en la lucha contra las faltas al principio de probidad administrativa que se detecten en los servicios públicos.
El Dictamen
En lo principal el dictamen 29.288 de 25 de junio recien pasado, señala " en relación con el traslado del recurrente desde la Unidad de Servicios Generales a la Unidad de Mantención y Talleres dispuesto por Resolución Exenta N° 1147, de 18 de abril de 2008 y, en virtud de lo preceptuado en el artículo 90 A, letra b), de la Ley N° 18.834, corresponde que dicho acto administrativo sea dejado sin efecto, por cuanto el denunciante se encuentra protegido por la citada disposición y, en consecuencia, no puede ser trasladado de función sin su autorización por escrito hasta noventa días después de haber terminado el procedimiento disciplinario incoado a partir de su denuncia, proceso que, como se dijo anteriormente, aún se encuentra en trámite."
Debemos recordar que el artículo 90A de la Ley 18.834, protege al funcionario que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad y le otorga los siguientes derechos: a) No podrán ser objeto de las medidas disciplinarias de suspensión del empleo o de destitución, desde la fecha en que la autoridad reciba la denuncia y hasta la fecha en que se resuelva en definitiva no tenerla por presentada o, en su caso, hasta noventa días después de haber terminado la investigación sumaria o sumario, incoados a partir de la citada denuncia; b) No ser trasladados de localidad o de la función que desempeñaren, sin su autorización por escrito, durante el lapso a que se refiere la letra precedente; c) No ser objeto de precalificación anual, si el denunciado fuese su superior jerárquico, durante el mismo lapso a que se refieren las letras anteriores, salvo que expresamente la solicitare el denunciante. Si no lo hiciere, regirá su última calificación para todos los efectos legales.
*Fuente: El Mostrador
-- Federacion Metropolitana de Funcionarios de la Salud
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES GANÓ POR AMPLIA MAYORIA
